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La justicia transicional busca proporcionar los medios para encontrar un camino que permita la elaboración del pasado luego de un período de abusos y violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, en aras de la reconciliación, el equilibrio y la estabilidad de la sociedad. En el difícil proceso del reestablecimiento de los principios democráticos, se plantea la necesidad colectiva de conocer la verdad en pos de la justicia y la paz, condiciones básicas para poder establecer un Estado de Derecho. Ahora bien, en este camino en procura de la coexistencia armónica entre pasado y presente, deben tomarse en cuenta todos los intereses en juego. El derecho de la enorme cantidad de víctimas a la verdad y a la reparación es de trascendencia fundamental, pero también, resulta imprescindible el respeto de los principios democráticos como garantía del Estado de Derecho. En la situación compleja que caracteriza a los períodos de transición de un régimen autoritario a un gobierno democrático, no puede desconocerse un grave problema que debe también afrontarse y que refiere a la desconfianza generalizada respecto al Estado y sus instituciones. En tal contexto, se hace necesario tomar medidas que se complementen, no necesariamente todas de naturaleza judicial (a pesar de que parte de la base jurídica de la justicia transicional surge de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Del Prólogo de la sexta publicación del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional