دانلود کتاب La protección judicial de los derechos sociales

El libro que presentamos en esta ocasión, el número 11 de nuestra Serie
Justicia y Derechos Humanos, tiene particular relevancia para el
Ecuador. La Constitución de Montecristi trajo consigo cambios importantes
a favor de los derechos sociales de las personas que pertenecen a sectores
excluidos y que reflejan situaciones estructurales de desigualdad social. La
Constitución, en primer lugar, recoge en su texto un catálogo amplio de
derechos sociales cobijado bajo el título de los derechos del buen vivir; en
segundo lugar, como nunca antes en la historia constitucional ecuatoriana,
establece un abanico de garantías para hacer efectivos esos derechos; y en
tercer lugar, para cerrar cualquier discusión sobre el asunto, determina que
todos los derechos reconocidos en la Constitución son, sin excepción, justiciables.
Si bien la discusión sobre la justiciabilidad de los derechos sociales sigue
siendo importante, el debate ya no se agota solamente en determinar si las
obligaciones que emanan de tales derechos son exigibles, sino que va más
allá al intentar establecer cuáles son las formas más efectivas y prácticas a
través de las cuales se puede materializar su garantía y su reparación, en caso
de que se los haya vulnerado.
Este libro contiene lo que toda jueza o juez, litigante, clínica
jurídica –en particular las de derechos humanos–, profesora o profesor que
enseña derecho constitucional, y en general, lo que toda persona sensible
respecto de la suerte que corren quienes no gozan de sus derechos sociales,
requiere para poder aplicar con solvencia nuestros derechos del buen vivir:
conceptos generales, contenido específico de los derechos, experiencias
reales de cortes de otros países, doctrina, y jurisprudencia del Ecuador sobre el
tema. Además, encontrará las referencias bibliográficas y normativas para
seguir expandiendo el conocimiento en esta área tan importante e imprescindible
de los derechos humanos.
La acción de protección, que fue diseñada para garantizar la eficacia, la
promoción y el respeto de todos los derechos humanos, y por lo tanto, de
los derechos del buen vivir, requiere de juezas y jueces creativos, comprometidos
con las personas que son víctimas de la desigualdad social, y decididos
a aplicar la Constitución por sobre cualquier regulación o reglamentación
secundaria. No cabe, por ejemplo, que por el principio de subsidiaridad
se pretenda desconocer la finalidad de esta garantía cuando no existe
en el sistema jurídico ecuatoriano, a nivel de leyes ordinarias, un mecanismo
para proteger los derechos del buen vivir. En este sentido, tiene plena
vigencia el procedimiento constitucional para reparar violaciones a los derechos
del buen vivir.
Este libro demuestra que sí se puede exigir los derechos sociales, que
hay jueces y juezas que se atreven a bordear esa línea complicada entre las
potestades del poder judicial y las del poder político para mejorar la vida de
las personas, y que las garantías jurisdiccionales son una herramienta más
para exigir estos derechos.
Esta publicación no hubiera sido posible sin el aporte decidido de
Christian Courtis, una de las personas más acreditadas en el mundo sobre
el tema, que nos entrega generosamente varios de sus ensayos y de sus colegas,
académicos destacados de la región y de Europa. En esta tarea de recopilar
artículos, también agradezco el apoyo brindado por Ramiro Ávila
Santamaría, funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Néstor Arbito Chica
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS