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El informe resume la situación del problema generado por la presencia del narcotráfico en el Perú, revisa las opciones de política existentes, proyecta una política integral para el período de gobierno 2011-2016 y plantea un calendario de acción a cien días, un año y cinco años. El diagnóstico muestra el agravamiento del problema y el ingreso a un nuevo período de mayor presencia del narcotráfico en el país, y su impacto sobre la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la salud pública. Propone una nueva política pública que promueva la agricultura legal y el desarrollo local pacífico de las cuencas cocaleras, acompañando este eje central con medidas de incautación e interdicción que tiendan a elevar los costos de producción y transacción del delito, hasta hacerlo inviable económicamente y que emigre del país. Proyecta una visión objetivo del Perú al 2021 como un “país de presencia marginal del narcotráfico”, expresada en indicadores de hectáreas sembradas, producción cosechada, productos procesados, incautaciones, interdicción y beneficiarios del desarrollo alternativo y rehabilitación, entre otros aspectos. Se propone que la política y el plan 2011-2016 sean la primera fase de un planeamiento estratégico hacia el 2021. Los objetivos del período 2011-2016 deben ser el restablecimiento del control de la situación y la reducción sustantiva de la presencia del tráfico ilícito de drogas en el país.