دانلود کتاب Un minero más sí importa: nuevas y viejas fronteras de la minería informal en el Perú

La minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) en el país está asociada con la
informalidad e ilegalidad. Esta actividad comparte las siguientes características:
explota recursos naturales que son de toda la nación, provoca una contaminación
ambiental, la necesidad de redistribuir los recursos, y en su gobernanza están
involucrados diferentes niveles de gobierno y entidades. Hasta ahora, los esfuerzos
del Estado se han dirigido a promulgar numerosas normas para formalizarla —15,
solo entre leyes, decretos legislativos y decretos supremos—, sin haber estimado
aún el número de ciudadanos que se dedica a ella, un cálculo imprescindible para
asegurar el éxito de la política de formalización minera.
En este trabajo, desde una perspectiva multidisciplinaria, calculamos
precisamente el número de mineros informales y, además, los caracterizamos y
ubicamos territorialmente. Asimismo, explicamos las normas que se han emitido
en este siglo para su formalización y presentamos varias hipótesis sobre el contexto
político-institucional en el cual se han llevado a cabo estos esfuerzos normativos y
su implementación.
La investigación nos lleva a concluir que el número de mineros informales al año
2017 es bastante más reducido que el medio millón comúnmente señalado por
las autoridades: no llega sino a poco más de cincuenta mil, una cifra que es 21%
menor que la del año 2007. Además, hemos encontrado que en comparación con
los mineros formales, los informales tienen un menor nivel de educación, son más
jóvenes y hay una mayor participación de mujeres. Más aún, hemos hallado que
la minería informal se ha expandido a más distritos durante el periodo intercensal
IEP Documento de Trabajo 272
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2007-2017, lugares que ahora tienden a ser mineros y mucho menos agropecuarios.
De esta forma, a través de este estudio logramos identificar 247 nuevos distritos
mineros en el país.
Por otro lado, a pesar de todas las normas promulgadas, encontramos que esta
legislación no ha venido acompañada de un aumento de recursos públicos para
poder aplicarlas, y que se ha concentrado más en la interdicción de la minería
ilegal que en la formalización minera. La evidencia muestra que el gasto público
acumulado 2008-2018 ascendió a S/ 254 millones, de los cuales solo un 25% se
asignó a las acciones de formalización y todo el resto a combatir la minería ilegal.
Tampoco se ha fortalecido la capacidad de las autoridades regionales a cargo de
la formalización, ni institucionalizado los mecanismos de articulación entre las
entidades involucradas. Como resultado, el proceso de formalización minera no ha
logrado el éxito esperado.